Cierta sensación de hastío

  Cuando miro las jetas de los tipos que se sientan en la mesa de representantes de Sortu no puedo evitar la impresión de que son los mismos de siempre con las mismas aviesas intenciones de siempre. Eso, y el hecho de que continúo teniendo la incontenible sensación de que mi coche va a estallar en el aire cuando arranque el contacto una de cada dos veces que me subo en él, me hacen albergar ciertas dudas respecto a la conveniencia o no de apostar por dar un paso mas en la estrategia de reintegración social de los elementos mas díscolos y potencialmente peligrosos en el actual panorama político vasco.

Sin embargo, la servidumbre de los medios de comunicación de masas ante una estrategia de finalización del escenario armado que se asemeja a una convergencia asintótica a su objetivo (jamás alcanzada por mucho que se avance por el correspondiente eje) me provoca dudas aun mayores sobre el daño que potencialmente se está inflingiendo a la salud democrática de este (pobre) país. El pensamiento único que sistemáticamente se impone -y que se incrementó en su sistemática imposición hasta extremos casi delirantes durante el periodo de administración popular de la nación (corrió insistentemente el rumor durante el festival de cine internacional de San Sebastian de que se suspenderían las proyecciones previstas de 'La pelota vasca' por la presunta apología del diálogo que encerraba el documental, no me hablen de censura por favor)- es tan extraordinariamente dañino para la salud mental de la ciudadanía (una palabra, la de ciudadanía, que se evita cuidadosamente en los informativos, vaya usted a saber por qué) como productivo para el arrinconamiento de cualquier opción de izquierdas mínimamente combativa que pueda surgir en estos tiempos convulsos, mire usted por dónde. La asimilación con impresentables bandas terroristas no deja de ser una estrategia sumamente rentable en términos de contención de eventuales movimientos de protesta violenta, que no hay más que mirar de reojo la situación de la sociedad griega (a a penas tres casillas de distancia en el monopoly global en el que parece haber devenido la antaño respetable geografía económica) para ver que no es impensable que las protestas pudieran extenderse según el modelo Norte de África a una sociedad agobiada por un nivel de paro y una mala situación económica que no se prevé enderezar en los próximos meses, años ni quizá décadas, dicen los agoreros, ni siquera con la llegada a la administración de los asuntos públicos de aquéllos que -según sus propias declaraciones, no se conocen otras fuentes que lo afirmen- se encuentran en posesión de las recetas para solucionar los problemas actuales.

Aunque es cierto que la estrategia de unidad a ultranza tiene su vertiente positiva (al menos en un -aparentemente único- aspecto hay una clara voluntad de 'hacer país' por parte de los partidos mayoritarios), se trata una situación irregular. A nadie se le escapa (a nadie que no ponga por delante sus anteojeras ideológicas, esto es) que la naturaleza del conflicto es política y que la solución al mismo deberá ser también política, al menos en cierta medida. No estamos hablando de delincuentes comunes, véase Tribunal de Derechos Humanos de las Comunidades Europeas, sentencia reciente sobre injurias a la Corona. Se puede argumentar desde una óptica de pensamiento único que los dos altos tribunales nacionales han expresado su disconformidad con la sentencia, pero suena más bien a excusa ad hoc para tapar el bochornoso ridículo de determinadas instancias judiciales patrias en lo que atañe a la imagen de la Corona. Por lo demás, en cuanto a la ingeniosa descripción como 'el jefe de los torturadores' del monarca, lo más sensato que cabría recomendar al autor del hallazgo es que considere la posibilidad de abandonar el ejercicio de la política para buscar acomodo entre la plantilla del semanario 'El jueves'.

Se trata de una situación irregular, decíamos: no hay duda de que las víctimas del terrorismo tienen todo el derecho a recibir el reconocimiento de la sociedad en su conjunto con tantos homenajes como se estime conveniente convocar. Otra cosa muy distinta -radicalmente distinta- es invocar al colectivo de víctimas del terrorismo como guía en el ejercicio de la política antiterrorista. Lejos de ser un reconocimiento, este ejercicio (tan frecuente en según qué discursos políticos al uso) entra dentro de la más burda manipulación política de un movimiento que se rige en principio por unos objetivos de superación del dolor y de obtención de las compensaciones oportunas según estipule el derecho penal. Seguir las directrices de un presunto colectivo de afectados (que en realidad suele limitarse a un número de ellos con aspiraciones con triste frecuencia más allá de las expresadas) de cualquier conflicto (y pienso en el caso del aceite de colza, que no es tan ajeno en términos de práctica criminal al terrorismo, por mucho que su repercusión mediática -evidentemente uno de los quids de la cuestión- haya sido notablemente inferior en términos de extensión temporal) no se atiene a las normas legales de procedimiento en estos casos. Hay unos tribunales, hay una autoridad civil, y hay unos políticos que pueden explotar hasta cierto punto las situaciones conflictivas para su batalla diaria por los márgenes de las encuestas de opinión. Sin embargo la ética política no debería arrinconarse completamente en estos casos. Cabe suponer que procesos como los que condujeron al acuerdo de Stormont son objeto de análisis en las facultades de ciencias políticas (perdonen que lo escriba con minúscula) de este país. Cierto es que los políticos actualmente en ejercicio son quizá demasiado talludos como para haber asistido a uno de esos (presumibles) análisis, pero todos esos discursos de que no es posible la neutralidad recuerdan a los pobres argumentos probelicistas con que nos obsequiaron (nos insultaron, cabría decir más propiamente) administraciones que están en la memoria de todos y no precisamente por sus logros. Una cierta neutralidad -la de sentirse asqueado casi por igual por ambos bandos- no sólo es perfectamente posible, sino incluso deseable en términos de realizar un análisis correcto de la situación.

Concluyendo: doctores tiene la iglesia y ellos decidirán sobre la conveniencia o no de autorizar según qué movimientos en el escenario político, sin que presiones por parte de unos u otros sectores (que previsiblemente irán a más conforme se acerque el momento del veredicto) vayan presumiblemente a afectar en exceso las deliberaciones de los afectados. Pero la salud mental del país agradecería sobremanera en todo caso un avance del proceso en su conjunto que saque a sus cuidadanos, sus medios de comunicación y sus políticos por este orden del impasse ya demasiado largo en el que actualmente se encuentra. El colorido espectáculo del comercio no es suficientemente vistoso como para tapar las deficiencias estructurales en el funcionamiento del sistema político-judicial con relación a este asunto, mal que les pese a algunos liberalotes. Para el resto de espectadores desinformados, el juego se reduce a gritar consignas antivascas desde los fondos de los estadios o a utilizar el terrorismo como argumento en amistosas descalificaciones del tipo si sabes hablar alemán, lo primero que te llamaré en cuanto tenga ocasión será nazi. Amistosos exabruptos producto de la más ramplona ignorancia a evitar en la medida de lo posible (tanto los exabruptos como sobre todo ignorancia, de proporciones oceánicas ésta última entre nosotros). Una cuestión de pura salud mental pues, descontando el hecho de que estrategias prolongadas de situación excepcional para la eliminación de elementos subversivos (por llamarlos de alguna manera) no funcionan bien a largo plazo, ver régimen anterior, y no salen gratis a las sociedades. De ninguna manera salen gratis.